El salario mínimo interprofesional (SMI) en España ha sido uno de los temas centrales del debate económico y social en los últimos años. La subida para 2026 responde a la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del coste de vida y la inflación acumulada. El Gobierno, en diálogo con sindicatos y patronal, ha fijado un incremento del 3,1%, lo que supone pasar de 1.184 euros mensuales en 2025 a 1.221 euros en 2026, distribuidos en catorce pagas. Esta decisión busca equilibrar las demandas de los agentes sociales y garantizar un impacto positivo en la economía doméstica.
La medida se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, lo que significa que los trabajadores que perciben el SMI recibirán las diferencias correspondientes en sus nóminas una vez que el acuerdo quede formalmente aprobado. Este mecanismo ya se ha utilizado en ocasiones anteriores y asegura que ningún trabajador pierda el beneficio de la subida.
Cuánto sube el salario mínimo en cifras
El incremento del 3,1% supone una subida de 37 euros mensuales respecto a la cuantía vigente en 2025. En términos anuales, el salario mínimo alcanzará los 17.094 euros brutos, lo que representa un aumento de 518 euros al año para quienes perciben esta renta. Aunque la subida es moderada en comparación con las demandas sindicales, que pedían un 7,5%, se considera un avance significativo en la protección de los trabajadores con menores ingresos.
La propuesta del Gobierno se centra en mantener la exención del IRPF para el salario mínimo, de modo que los beneficiarios perciban íntegramente el incremento sin que se vea reducido por retenciones fiscales. Esta decisión refuerza el carácter social de la medida y busca garantizar que el aumento tenga un impacto real en la capacidad de consumo de los hogares.
Cómo aplican las retenciones y la exención del IRPF
Uno de los aspectos más relevantes de la subida del salario mínimo en 2026 es la confirmación de que seguirá exento de tributación en el IRPF. Esto significa que los trabajadores que cobran el SMI no tendrán que soportar retenciones fiscales en sus nóminas, lo que asegura que el incremento de 37 euros mensuales se refleje íntegramente en su salario neto.
La exención del IRPF para el salario mínimo se ha convertido en una herramienta clave para garantizar la eficacia de las subidas. En caso de que se hubiera decidido aplicar retenciones, el aumento habría sido mayor, en torno al 4,7%, hasta los 1.240 euros mensuales, pero parte de esa subida se habría visto absorbida por la tributación. Al optar por mantener la exención, el Gobierno asegura que el beneficio llegue directamente al bolsillo de los trabajadores.
Impacto en los trabajadores y en la economía
La subida del salario mínimo en 2026 beneficiará a cientos de miles de trabajadores en España, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería y los servicios, donde el SMI es la referencia habitual para fijar salarios. El incremento de 518 euros anuales supone un alivio económico para quienes dependen de este ingreso y contribuye a reducir la brecha salarial.
Desde el punto de vista macroeconómico, el aumento del salario mínimo tiene un efecto positivo en el consumo interno, ya que los trabajadores con menores ingresos tienden a destinar la mayor parte de su renta al gasto en bienes y servicios básicos. Esto dinamiza la economía y favorece la actividad de pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, la patronal ha advertido que la subida debe ir acompañada de medidas que permitan trasladar el incremento a los contratos públicos, especialmente en sectores donde los márgenes empresariales son ajustados. La Ley de desindexación, que limita la repercusión automática de las subidas salariales en los contratos con la administración, se ha convertido en un punto clave de la negociación.
Debate entre sindicatos, patronal y Gobierno
El proceso de negociación para fijar el salario mínimo en 2026 ha estado marcado por las diferencias entre los agentes sociales. Los sindicatos reclamaban una subida del 7,5%, argumentando que era necesaria para compensar el aumento del coste de vida y acercar el SMI al 60% del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea. Por su parte, la patronal defendía un incremento más moderado, en torno al 1,5%, para evitar un impacto negativo en la competitividad de las empresas.
Finalmente, el Gobierno ha optado por una propuesta intermedia del 3,1%, que ha sido recibida con cautela pero que abre la puerta a un acuerdo. La clave estará en la posibilidad de flexibilizar la Ley de desindexación para permitir que las empresas que trabajan con contratos públicos puedan repercutir el aumento salarial en los precios de dichos contratos.
Perspectivas futuras del salario mínimo
La subida del salario mínimo en 2026 se enmarca en una estrategia más amplia de mejora de las condiciones laborales en España. El objetivo del Gobierno es seguir avanzando hacia un SMI que represente al menos el 60% del salario medio, en línea con los compromisos europeos. Aunque la subida de este año es moderada, se espera que en los próximos ejercicios se continúe con incrementos progresivos que refuercen la protección social.
El debate sobre el salario mínimo también está vinculado a la evolución de la inflación y al crecimiento económico. Si la economía mantiene un ritmo de expansión sostenido, será posible plantear nuevas subidas sin comprometer la competitividad empresarial. En cambio, si se producen tensiones inflacionistas o una desaceleración, las negociaciones podrían ser más complejas.
Conclusión
El salario mínimo en España para 2026 se fija en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, tras una subida del 3,1% respecto a 2025. La medida se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y mantiene la exención en el IRPF, lo que garantiza que los trabajadores perciban íntegramente el incremento. Aunque la subida es menor de lo que reclamaban los sindicatos, supone un avance en la protección de los trabajadores con menores ingresos y refuerza el papel del SMI como herramienta de cohesión social. El reto ahora será alcanzar un acuerdo definitivo entre Gobierno, patronal y sindicatos que permita consolidar esta mejora y avanzar hacia un salario mínimo más justo y sostenible en el futuro.